FRACASÓ LA LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO GANADERO BOWN CANALEJAS

SE CAYÓ LA LICITACIÓN PARA CONSTRUIR EL ACUEDUCTO GANADERO BOWEN CANALEJAS

Las empresas no presentaron completa la documentación. Ahora llamarán a una licitación privada. La apertura de sobres será a principios de agosto, en Irrigación.

El Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, firmó la Resolución 947/17 mediante la cual declaró fracasada la licitación pública para construir la obra Acueducto Ganadero Bowen Canalejas, en Alvear.

Irrigación es la unidad ejecutora de la obra. Los sobres se abrieron el 4 de julio pasado en la sede central del organismo y se presentaron 8 empresas interesadas. Pero todas las que estuvieron con ofertas equivalentes o por debajo del presupuesto oficial presentaron incompleta la documentación técnica y legal.

Se trata de la UTE integrada por José Cartellone SA y Obras Andinas S.A; Stornini SA; la UTE conformada por Petersen, Thiele y Cruz SA; y la UTE en la que se unen Laugero Construcciones SA, Aquapark SA y Coorporación del Sur SA.

La única empresa admisible fue CEOSA, con un presupuesto superior al oficial, que fue de $216. 886.000,00. La oferta más baja fue de $180.978.266,38 y la más alta de $264.784.009,0.

Por lo tanto, la Comisión Evaluadora de Ofertas le sugirió al Superintendente adjudicar a la única admisible o bien, solicitar información complementaria a los demás oferentes.

No obstante, conforme al artículo N° 46 del Pliego de Condiciones Generales, el “Superintendente podrá apartarse con fundamento suficiente del dictamen de la Comisión de Preadjudicación. Igualmente, podrá rechazar todas las ofertas, sin que esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte de los oferentes”.

Respaldado por esto, Marinelli decidió declararla fracasada y llamar a licitación privada, instancia a la que podrán presentarse tanto las empresas que ya compitieron en forma individual o en UTE, como otras nuevas.

Las que compraron pliegos en el primer llamado, están exentas de pagarlo nuevamente ahora.


Las firmas interesadas en competir en esta nueva licitación, privada, no pública, tendrán tiempo hasta principios de agosto para llegar a la sede central de Irrigación con sus ofertas.

LANZAN UN PLAN DE OBRAS BAJO EL SISTEMA ASOCIACIÓN PUBLICA PRIVADA

 LANZAN UN PLAN DE OBRAS VIALES
  POR  $ 100.000

El Gobierno busca que lo financien empresas privadas. Lo repagarán con las tasas de combustibles y peajes.
El monto de los contratos es impactante: $ 100.000 millones. Pero, además, abre una puerta a una nueva manera de hacer obra pública, en la que el Estado se asocia a privados. Son licitaciones que se pondrán en marcha el mes próximo, y que prometen transformar en autopistas tramos de las rutas 3, 5, 7, 8, 9, entre otras.

El sistema se llama APP, Asociación Pública Privada. Es el régimen que está creciendo en los países en desarrollo a pasos acelerado. Y aquí el Gobierno lo quiere poner en marcha como una forma de seguir impulsando la obra pública sin que el permanente crecimiento de la deuda pública encienda luces amarillas en el sistema financiero internacional. Usarán parte de los impuestos a los combustibles y, en algunos casos, peajes, para repagar la construcción.

“Estamos afinando los detalles para hacer los primeros data room, donde se empiece a discutir los pliegos de licitación, en agosto”, dijo a Clarín el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. “Las licitaciones serían en octubre, y los contratos arrancarían en abril del año próximo, cuando vencen las actuales concesiones de los corredores viales”, agregó.

La ley de APP fue aprobada en noviembre pasado y reglamentada en febrero. En esa ocasión, el Gobierno señaló que viabilizaría inversiones por US$ 40.000 millones. En este primer testeo hablan de $ 100.000 millones. Pero habrá una segunda etapa de otras ampliaciones de rutas por $ 50.000 millones adicionales. En total, casi US$ 10.000 millones.

En el sector privado tienen muchas expectativas por el sistema. Aunque aseguran que en todos los países donde se está haciendo ha llevado tiempo implementarlo, por la complejidad de los contratos. Por caso, constructoras argentinas están hoy analizando los APP de Paraguay y Perú.

¿Cómo funciona el sistema? El Estado contrata a un privado una obra, que la hace y la financia, y el fisco la paga cuando está terminada, con modalidades diferentes. Aquí se usarán los fondos de una tasa específica para obras que grava a los combustibles. “Recauda unos $ 10.000 millones por año”, precisa Dietrich. El Presidente Macri tiene a su firma el decreto que le transfiere a Transporte el manejo de la Ucofin, el organismo que controla esos recursos.

Los corredores a licitar, hasta ahora, son 9. En el corredor A está la ruta 3 hasta Coronel Dorrego y la 226 entre Mar del Plata y Olavarría. En el B, la ruta 5 de Luján a Santa Rosa. En el C, la 7, en distintos tramos desde, también. Luján, hasta Luján de Cuyo. En el D, la 8 de Pilar a Villa Mercedes. En el E, la 9, entre Campana y Rosario. Otros tramos de la 9 está en el F, junto a parte de la 33 y. En el G está la 12 de Corrientes a Iguazú. En el H, la 9 de Santiago del Estero a Tucumán y Salta. En cada corredor hay otras rutas menores. Y podrían agregarse otros en los próximos días, en la medida que el Gobierno consiga nuevas fuentes de financiación.

Esas rutas, en general, ya tienen peajes. Y se seguirá pagando, con “valores razonables”, dice Dietrich. Esos recursos se usarán para el mantenimiento. Pero en el caso de los tramos de mucho tráfico, que podrían generar excedentes, se usaría parte del dinero del peaje también para repagar las obras.



Este mes, en una gira que terminó hace una semana, funcionarios de Transporte estuvieron promocionando esta licitación en España, Francia e Italia: buscan potenciales interesados. Es que hace falta espalda financiera fuerte para encarar ese negocio: en Transporte suponen que cada grupo podría tener que financiar hasta US$ 300 millones antes de empezar a cobrar, ya que el repago empieza con las obras terminadas.

En el data room que arrancará en agosto se discutirán los pliegos de la licitación: el Estado presentará un texto y espera que los privados aporten ideas para incorporar. Así quieren evitar que queden fuera de la licitación empresas por no cumplir con algún requisito que se pueda modificar. La licitación en sí sería en octubre. Todo, claro, en tiempos de elecciones. ¿Pura casualidad?

Según fuentes privadas, las complejidades de la APP pueden hacer que demore en su arranque. Ya hubo una primera frustración: una empresa mexicana se fue dando un portazo después de que no le contestaran su propuesta de hacer cárceles con este régimen por US$ 1.000 millones. Ahora el Gobierno pretende que las petroleras financien con este sistema el tren de Bahía Blanca a Vaca Muerta. Hay tironeos. Pero el proyecto más avanzado es el de las rutas, coinciden funcionarios y privados. Allí están puestas las fichas.